"El tema de las tierras ha significado uno de los aspectos más importantes y controversiales del actual gobierno y ha sido utilizado de manera permanente como bandera política, generando enfrentamientos entre los grupos que las poseen y los que aspiran a poseerlas. Ya han transcurrido más de 5 años desde la promulgación de esta ley y los resultados de su aplicación han sido negativos para el país. La Ley de Tierras presenta como característica general una fuerte intervención del Estado, lo cual la podría calificar como de una concepción estatista. También significó un fuerte retroceso en materia de propiedad en el campo, por cuanto se esperaba que se abrieran las posibilidades para la adquisición de los fundos agrícolas por parte de los productores agropecuarios, evidenciándose en la ley, por el contrario, una conducta que permitía terminar en una propiedad exclusiva del Estado, con una concentración de propiedad de las tierras rurales en manos de la República.
Otro aspecto negativo de la ley es el hecho de que en ella prevalece, con marcada preponderancia, la idea de distribución de las tierras, en lugar de privilegiar el desarrollo económico y técnico del campo. Todos los años, el INTI nos anuncia su meta de intervención de tierras, siendo la del año 2007 de 1 millón 500 mil hectáreas. Qué distinto sería para la producción nacional si esta meta se fijara en litros de leche, kilos de carne o toneladas de maíz. Qué distinto hubiera sido si en vez de perseguir y acorralar a los productores, se les hubiera brindado un verdadero y desinteresado apoyo.
En la ley no se le crean obligaciones al Estado, ni límites, ni medidas, que le obliguen a invertir en el campo y procurar el desarrollo de éste; este cuerpo legal sólo grava al sector privado, no impone responsabilidades económicas, jurídicas o políticas precisas al Estado, percibiéndose una aversión hacia la producción privada. Indudablemente, la aplicación de la Ley de Tierras ha generado desinversión económica en el ámbito agrario y ha colaborado en el desabastecimiento de productos derivados de la actividad agraria.
Ninguna de las objeciones u observaciones realizadas por Fedenaga tuvieron eco en el Ejecutivo Nacional. A pesar de la seriedad y validez de los argumentos, se mantuvo firme la intención del Gobierno de seguir adelante con la ley tal como había sido concebida. Ante la imposibilidad de dialogar con el Ejecutivo Nacional y dado que la Ley, además de los vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad, estaba revestida de un gran poder discrecional por parte de la administración, y debido a su condición estatista y autoritaria, FEDENAGA decide ejercer acciones legales y acude al Tribunal Supremo de Justicia. Cuatro recursos fueron introducidos por Fedenaga, encontrándose todos ellos, en este momento, en “estado de hibernación”
dentro del máximo tribunal del país.
La “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario” requiere de una nueva reforma. Aspiramos el diseño de una nueva Ley de Tierras que atienda a los valores superiores que, para todo ordenamiento jurídico del país, se señalan en el artículo 2º, a los principios del sistema socioeconómico que para la Economía Nacional se consagran en el artículo 299 y a los principios constitucionales agrarios contemplados en los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Aspiramos que la Ley de Tierras proteja la integridad nacional de nuestra República, respete la Constitución, el ordenamiento legal y los derechos fundamentales de los venezolanos. La Ley de Tierras que necesita Venezuela debe ser democrática, plural, equitativa y respetuosa de los derechos y garantías constitucionales, principalmente, del derecho de propiedad, del debido proceso expropiatorio y de prohibición de la confiscación. "
Ref. Discurso inaugural del Lic. Genaro Méndez Contreras, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela - FEDENAGA. Caracas, 20 de junio de 2007.
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