El despojo a los inmigrantes agricultores

"El caso del señor Joao Rodríguez Agostinho, agricultor portugués con 26 años en el país, concretiza un claro ejemplo de esta dramática realidad. En este caso se han vulnerado abiertamente dos derechos ciudadanos fundamentales.Por un lado, se discrimina a los extranjeros que teóricamente gozan de las mismas protecciones y tratamiento legales que los venezolanos. Y por otro, se viola (por milésima vez) el derecho de propiedad privada.



El caso del Sr. Agostinho comienza en 1973 cuando alquiló un terreno en los Altos Mirandinos a su dueño legítimo, donde ha estado desde entonces produciendo (legalmente) hortalizas. En 1995, el dueño decidió no renovar el contrato de alquiler, pero el agricultor rechazó esto y llevó su caso a los tribunales. En 2001, la juez agraria de primera instancia Carmen Elena Villarroel falló a favor del agricultor, citando los artículos 17, 18 y 20 de la Ley de Tierras y Derecho Agrario, que garantizan a cualquier persona el derecho de permanencia de las tierras que ocupen con fines de adjudicación sin importar el tiempo que lleven ocupándolas ni si están cumpliendo una labor agrícola.


La juez Villaroel en esa oportunidad, hizo justicia al defender el principio de no discriminación. La juez rechazó aplicar el artículo 13 de la ley que especifica que los beneficiarios de la ley son "todos los venezolanos" que hayan trabajado la tierra, por considerar que éste es inconstitucional, ya que discrimina a los extranjeros que teóricamente gozan de las mismas protecciones legales que los venezolanos.

Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sentencia del 1° de noviembre de 2006, anuló la decisión de la juez Villarroel que favorecía al Sr. Agostinho, y a cientos de agricultores extranjeros más. En la sentencia la Sala Constitucional dejó asentado que la ley que ampara "a las venezolanas y venezolanos", excluye a los extranjeros puesto que el desarrollo agrícola está íntimamente ligado a la "seguridad nacional". Con esta sentencia se sienta jurisprudencia en materia de igualdad de derechos ciudadanos, en perjuicio de los extranjeros.Pero, igual de terrible es que la juez Villarroel pasó por alto una falla constitucional muy importante: La violación del derecho a la propiedad privada.


Una cosa es que la ley prevea que los campesinos puedan continuar trabajando las tierras propiedad del Estado mientras deseen y otra totalmente diferente es ampliar ese privilegio ¿derecho? a los campesinos que han arrendado tierras privadas a sus legítimos dueños.
Al final toda "justicia" bolivariana termina despojando de bienes y derechos civiles a todo ciudadano por igual, sin discriminar si éste es venezolano o extranjero."



Ref. Igualados ante el despojo. VenEconomía Opina. Caracas 03/08/07