Independientemente de las formas jurídicas e institucionales elegidas, el Estado deberá incorporar a las comunidades y gobiernos locales en la administración y ordenación de la tierra y otros recursos naturales. Esta subsidiariedad auténtica, más que implicar una pérdida de soberanía ofrece una oportunidad de restablecer la legitimidad del Estado en cuanto árbitro. De esta manera, la tenencia de la tierra se convierte en una de las áreas en que se puede concertar un nuevo contrato social entre el Estado y la población, tarea muy necesaria en países donde el sistema de gobierno está en crisis.
La tenencia de la tierra es un tema políticamente delicado y las estrategias adoptadas por las partes interesadas y las características específicas de la evolución de los Estados en desarrollo agravan la complejidad del establecimiento y aplicación de políticas sobre la tenencia de la tierra. Las intervenciones a corto plazo deben tener en cuenta esta complejidad, tanto en lo que se refiere al carácter específico de la tenencia como a las interrelaciones en las dimensiones del tiempo, el espacio y los recursos que pueda haber entre los diferentes derechos. De lo contrario, no se conseguirán mejoras a largo plazo ni se evitará el riesgo de despojar inadvertidamente a las personas de su derecho a la tierra.”
Ref. FAO. Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural. EStudios sobre tenencia de la tierra. Roma, 2003
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