
Así que estas y otras amenazas como las invasiones de fincas en Perijá que se han sucedido este mes de agosto incitadas presuntamente desde el Ministerio de Asunto Indígenas, son inaceptables a los productores del campo como ciudadanos de un país cuya Constitución vigente se fundamenta en el sistema democrático ratificado mediante el referendum del 2 de diciembre de 2007 que mayoritariamente negó la propuesta de reforma comunista presentado por el Gobierno.
De allí que es reflexión obligada para todos los productores del campo pequeños, medianos y grandes, tener muy presentes que si como ciudadanos ponen una mejilla y les pegan en las dos, y luego ponen la dos, pues los toman por pendejos. Por eso la pasividad sin resistencia ante quién constantemente los agrede indica debilidad y aceptación de un yugo más permanente. También es señal de acostumbramiento, de deserción. ¿Están los productores del campo renunciando a la libertad y la democracia? No si así es que es.
"En Cuba, tras dos años de imposición del comunismo mediante la Ley de Reforma Agraria de 1959, la zafra azucarera cayó. En 1962 comenzó el racionamiento de alimentos y artículos de primera necesidad. En 1963, limitó la tenencia de 30 caballerías (402 ha) a 5 caballerías (67 ha), confiscándose 10.000 fincas. El Estado se adueñó del 70 % del país. La quiebra, el exilio, el paredón o la cárcel fueron destinos de muchos.
No estando los venezolanos dispuestos a tales destinos, rechazamos la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario aprobada por el Ejecutivo, por contrariar los valores, los principios y garantías democráticas; oponiéndonos al comunismo, doctrina basada en la comunidad de bienes o abolición de la propiedad privada, de la cuál la Ley contiene elementos inaceptables."
Esto que entre comillas escribimos, lo publicamos bajo el título "Una ley inaceptable" en El Universal del 26 de noviembre de 2001. Desde ese entonces hasta este agosto 2008 debe estar suficientemente claro al país y al mundo, que los productores del campo venezolano siguen y seguirán legítimamente oponiéndose al comunismo que desde el Gobierno se pretende implantar anticonstitucionalmente. De allí que no se hagan esperar renovadas acciones cívicas de los gremios del campo, de sus dirigentes y de sus agremiados, familias y trabajadores en defensa de la libertad y la democracia en Venezuela.
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