La inseguridad, el productor y la producción del campo

No es nueva la inseguridad rural y  fronteriza en Venezuela, pero sin duda se ha multiplicado en los últimos 10 años, al punto que nuestros productores del campo solo tienen dos opciones: perseverar y sobrevivir junto a sus familias y trabajadores en medio de ella o abandonar las actividades agropecuarias como ya han hecho muchos.  De cómo la inseguridad afecta al productor y la producción del campo venezolano, hablan solos los secuestros y asesinatos de ganaderos, y los anaqueles vacíos en los detales y las radas y puertos congestionados de barcos que diariamente llegan desde ultramar cargados de alimentos importados tras el impacto negativo de la inseguridad en la producción agroalimentaria nacional. Y es que sin seguridad rural y fronteriza, en Venezuela la inversión privada en las actividades agropecuarias se ha reducido, por el alto riesgo y mínima o nula rentabilidad.  Esto advirtiendo que las mil millonarias cifras que se publican mensualmente del crédito y cartera agrícola, esconden la realidad del dinero crediticio que se otorga y recibe pero que en su totalidad no se siembra o invierte en la agricultura y se destina a cualquier actividad más segura y rentable.

Debiendo ser prospectivos ante el problema de la inseguridad en el campo, recordamos que “El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas" (William George Ward). Y siendo realistas, todo productor agropecuario que haya decidido permanecer en su actividad, tiene entonces que “ajustar las velas”. Para ello debe hacer de la prevención del crimen su mejor defensa y asesorarse, educarse y prepararse junto a su familia y trabajadores para evitar ser víctimas del bandolerismo que azota el campo. Muy especialmente de la delincuencia de la industria del secuestro y la extorsión, a quienes pareciera no desestimular la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, publicada en Gaceta Oficial número 39.194, el 5 de junio de 2009, que los espera todos los días del año con pena de prisión de veinte a treinta años.