El manifiesto de Consecomercio

"Las cámaras y asociaciones de empresarios del comercio y los servicios afiliadas a Consecomercio, y reunidas en el estado Carabobo en ocasión de la XXXVIII Asamblea Anual, concluyen sus deliberaciones con el siguiente Manifiesto al País:

1. El Gobierno Nacional ha rectificado antes, y debe rectificar ahora. Reconocemos como valiosas e importantes las pequeñas señales de modificación en la política económica, como fue el caso de la abolición del Impuesto a las Transacciones Financieras, y estamos esperando que la oferta de diálogo se materialice en un encuentro con las Instituciones Empresariales que son las representantes legítimas de los diferentes sectores productivos. Sin embargo estas señales no han sido ni las necesarias para cambiar el rumbo del país, ni suficientes para comunicar una mínima disposición al cambio que Venezuela necesita para no perder nuevamente la oportunidad de encauzarse por la senda del desarrollo integral.

2. El país sigue acopiando, innecesaria e indebidamente, problemas en todos sus ámbitos. En vez de ahorro nacional y potencial de crecimiento sustentable, prosperidad y calidad de vida, hemos perdido el tiempo para construir la senda del desarrollo, y lo hemos invertido en acumular inflación, inseguridad, pobreza, corrupción, confrontación, polarización y autoritarismo. Diez años después el país luce aislado internacionalmente y enfrentado internamente. La pérdida de prestigio y la desesperanza que se extiende por todo el país, nos hacen perder de vista la necesidad que tenemos de establecer metas para el largo plazo, y el tener en consideración la obligación que tenemos de dejarle a las generaciones futuras un país con posibilidades económicas y que haya aprendido a vivir en paz, a pesar de su diversidad y pluralismo.

3. Nos preocupa la pérdida de legitimidad del Estado Venezolano. La confusión entre los poderes públicos, la eliminación del control de la gestión pública, la concentración de todo el poder y de todas las decisiones en una sola persona, la falta de diálogo social y el intento descabellado de imponer, a pesar de la realidad, una propuesta ideológica perniciosa en lo económico y nociva en lo político, pueden conducir al caos social y a la peligrosa pérdida de la gobernabilidad. Solamente mediante la instauración de un Diálogo Social que tenga Impacto en las Políticas Públicas se podrán sortear los peligros de la africanización de la sociedad venezolana.

4. Nos preocupa la inseguridad ciudadana y la incapacidad del gobierno para intentar el control de las múltiples formas de delincuencia organizada. Todos los ciudadanos venezolanos coinciden en el mismo diagnóstico: La inseguridad es un problema que ha desbordado la capacidad del gobierno para resolverlo. Los homicidios, los secuestros, el sicariato, el narcotráfico, los robos de vehículos, y la violencia que acompaña a cualquiera de estos hechos son el resultado de un discurso político permisivo y condescendiente con el delito. Son también el resultado del espíritu de impunidad que se respira en el país. Son el saldo de la destrucción de nuestro Estado de Derecho, de la intervención indebida de nuestro sistema de justicia, de la corrupción de las policías, del patrocinio de grupos armados afines al proyecto político oficial y del afán que tiene el gobierno de destruir las entrañas de la sociedad venezolana a partir del miedo y del odio. Exigimos por lo tanto una rectificación a fondo, un cambio radical en el cuadro gubernamental a cargo del problema, una transformación sustantiva del discurso político y la mayor transparencia posible en el uso, administración y disposición de los cuerpos policiales.

5. Nos preocupa el modelo económico que además de su insinuación comunista se expresa en controles de precios, salarios y divisas. La empresa venezolana está sometida a un capitalismo de estado agresivo y feroz, que en diez años ha descompuesto el sistema de producción y comercialización, lo ha desmontado, lo ha convertido en una contingencia que oscila entre la euforia del gasto público y los ajustes económicos en cubiertos. El intento siempre fallido de obviar la lógica del mercado y sustituirla por la planificación centralizada, donde unos pocos se abrogan el poder tomar las decisiones de millones de consumidores y oferentes, solamente conduce a la tiranía económica, y a la pobreza social. En vez de la abundancia lograda a partir de la productividad nacional, este gobierno enfrentado a la realidad de sus fracasos económicos inventa eufemismos como “consumo necesario” que encubren nuevas modalidades de las viejas cartillas de racionamiento cubanas. Nos negamos a creer que esta sea la solución y que la población venezolana tenga que resignarse con menos cuando una economía de mercado vigorosa podría garantizar más producción, más empleos, mejores salarios y mayor equidad social.

6. Nos preocupa un modelo de gestión pública que tiene en su haber tanta inequidad social. No es viable en el largo plazo un país en el que el gobierno sea el dueño absoluto de la economía nacional. El capitalismo de Estado, estatizador a ultranza, no es un buen negocio. Ninguna de las empresas que son ahora del gobierno han significado nuevas inversiones. Ninguna de ellas un nuevo empleo. Ninguna de ellas una expansión de las posibilidades. El gobierno llueve sobre mojado, en vez de abrir sendas a nuevas oportunidades. Pero no es solamente que el Gobierno sea ahora más poderoso que nunca, sino que los más pobres están más lejos que nunca de superar las condiciones estructurales de la pobreza en la cual viven. Sin un plan agresivo en mejorar la infraestructura, sin un plan de viviendas, sin construir más escuelas y hospitales, de
espaldas al magisterio, agrediendo a los médicos venezolanos y propiciando su emigración, en conflicto con las universidades, obstaculizando la educación privada, negando la contratación colectiva a los empleados públicos, ignorando la inseguridad ciudadana, y regalando los recursos de la nación a otros países, no va a existir ninguna posibilidad de construir una sociedad más justa y más equitativa. La pobreza se combate con empleos de calidad y servicios públicos de calidad. Y lamentamos observar que ninguna de estas dos condiciones está en las decisiones del gobierno.

7. Nos preocupa la ineficiencia y el uso antidemocrático, sectario e ideológico de la Ley Habilitante. Leyes inconsultas que terminan siendo anticonstitucionales disputas, que niegan el carácter participativo y protagónico que constitucionalmente se le asigno a la sociedad venezolana, son un resultado exiguo y peligroso de año y medio de cesión de poderes legislativos al Ejecutivo. Las leyes habilitantes sólo sirven para incrementar el autoritarismo del gobierno, y disminuir el debido control entre los poderes públicos. Hacemos un llamado muy firme a la Asamblea Nacional para que retome sus atribuciones y demuestre a todo el país que tienen todavía la capacidad y el compromiso de legislar para el bien del país, de sostener un mínimo atributo democrático, y de consensuar una agenda para la prosperidad, el desarrollo económico, la democracia, y la paz. Exigimos que la Asamblea Nacional asuma íntegramente su papel, y que responda al país sobre la responsabilidad que se les confirió, y que está claramente establecida en la Constitución y las leyes de la República.

8. Nos preocupa muy especialmente que el gobierno asuma de manera autoritaria e inconsulta una reforma de la Ley del Trabajo y de la Seguridad Social. Cualquier modificación al régimen laboral tiene que hacerse en diálogo con empresarios y trabajadores. Y en este diálogo, le guste al gobierno o no, deben estar presentes las instituciones representativas y legítimas de los empresarios y trabajadores. Si no, cualquier intento será irrito y traerá más males que bienes, conducirá a una mayor desconfianza, evitará aún más la inversión y traerá consigo una avalancha de desempleos y quiebras de negocios. Y esta situación solamente podrá significar problemas políticos y de gobernabilidad para un gobierno al cual se le vence su período en el año 2012, y
entregará el mandato a principios del 2013. Reclamamos, por lo tanto, diálogo social, serio, responsable, sereno y respetuoso, y no anuncios sorpresivos y sorprendentes.

9. Nos preocupa el uso de las Instituciones Públicas y Órganos del Estado como mecanismos de opresión y represión a las empresas y a los ciudadanos. Exigimos un respeto pleno y absoluto a los derechos de propiedad y demás garantías ciudadanas previstas en la Constitución. Repudiamos las invasiones y expropiaciones programadas Rechazamos el uso del SENIAT y otros organismos como mecanismos para la extorsión política. Exigimos instituciones que cumplan plenamente su papel, sin excesos, sin que el decoro administrativo sea sustituido por el hostigamiento, sin que sean utilizados como palancas políticas e ideológicas. Debe construirse y garantizarse el funcionamiento probo de la Gestión Pública, aspirando a que todos contribuyan al logro de los supremos intereses del país.

10. Nos preocupa la ideologización y el uso sectario de una institución fundamental de la democracia como lo es la Fuerza Armada. Al cuerpo armado, en cada uno de sus componentes debe garantizársele buena conducción, Auctoritas, respeto por sus funciones, carrera por méritos y especialización de sus objetivos. Requerimos un cuerpo militar capaz, digno, disciplinado, eficiente y orgulloso de sus funciones. Exigimos una corporación militar que se deje fuera de los vaivenes ideológicos, sometidas a la institucionalidad de la Constitución, y garantes de nuestra soberanía. Reclamamos nuevamente una Fuerza Armada sin otros matices que los enunciados claramente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y sin ninguna otra exigencia o juramento que ser institucionales y leales a la ley. Este es un requisito indispensable
para la reconstrucción del decoro nacional, la reedificación de la dignidad de la República, y la mejor garantía de la paz y la soberanía.

11. Exigimos todas las garantías que sean necesarias para el funcionamiento de la democracia. Con vista a las elecciones regionales, exigimos a los Poderes Públicos que garanticen el imperio de la Constitución y las Leyes. Que todos sientan que los derechos políticos de los ciudadanos están vigentes, sin trampas y sin trucos, sin ventajismos y sin que por cualquier vericueto se obstaculicen. Que prime la Constitución, las leyes y el buen juicio. A la sociedad democrática y a sus partidos políticos les exigimos el máximo esfuerzo para que estén a la altura de las circunstancias: UNIDAD, DECORO, EFICIENCIA, Y PROPUESTAS. El país se merece la presentación de una alternativa pluralista, democrática, inclusiva y respetuosa. El país se merece una chance para la paz y el progreso, y siendo la hora de los partidos políticos, a ellos les corresponde dar señales claras de que están por encima de las mezquindades cortoplacistas, y que son capaces de deponer los intereses personales en el altar de los intereses del país. Eso
es lo que el país está esperando de ellos: Consenso, Acuerdos, Unidad y Propuestas."

XXXVIII Asamblea Anual de Consecomercio

Valencia, 28 de junio de 2008