La propiedad de la tierra después del terror agrario

En el diario La Verdad, publicado en Maracaibo, en su edición del 16 de junio pasado, bajo el título "Cuando el monte coje candela..!" escribió el doctor Oswaldo Alvarez Paz unas interesantes propuestas en relación a la agricultura y el país, que merecen la mayor atención por parte de todos los interesados en el desarrollo del sector agroalimentario. De todas ellas, la propuesta de Alvarez Paz con respecto a la propiedad de la tierra, se adelanta con objetividad al futuro mediato que ineludiblemente llegará, cuando se restituya plenamente la democracia y las libertad hoy conculcadas en Venezuela. Para ese entonces se derogará finalmente la Ley de Tierras y cesará por completo el terror agrario y el abuso de poder que hoy desde el Estado se ejerce anticonstitucionalmente contra los propietarios de fincas que están siendo despojados a punta de fusil. Ciertamente una nueva política y legislación agraria que reconstruya e impulse el campo es lo que esperan los productores venezolanos. Leamos:

"Un gobierno decente tendría que presumir la legitimidad de todo el que ocupe un espacio dentro del territorio nacional. Parte de sus obligaciones tendrían que ver con facilitar que todos puedan acreditar adecuadamente su condición de propietarios, poseedores o simples pisatarios. Me refiero con particular interés al sector rural. Acabar con la desviación ideológica que atribuye al estado la propiedad de la tierra y al gobierno que lo representa el poder para administrarla a su antojo. Esto ha sido fuente de corruptelas y atropellos ampliamente conocidos. A quien hay que tenerle miedo es al gobierno. Establecer sus límites de actuación es la mejor protección que podemos darle a quienes trabajan el campo y cuidan la tierra. Ratificamos la vieja propuesta formulada en la campaña electoral de 1993. Se trataba de eliminar el Instituto Agrario Nacional –IAN-, hoy Instituto Nacional de Tierras –INTI- con la idea de trasladar la competencia sobre la tenencia de la tierra a las municipalidades del país, dentro de un esquema más amplio de municipalización de la vida pública. Por supuesto que habrá que hacer los ajustes legales y administrativos correspondientes para simplificar al máximo, incluso lo relativo a las expropiaciones por causa de utilidad pública o social. Demos estricto cumplimiento a los términos constitucionales. Esa es la mejor garantía que puede darse a los títulos de los ciudadanos, de propiedad, posesión, ocupación o tenencia legítima para poder trabajar en paz."