Ese conjunto de leyes apunta en dirección contraria a los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su contenido no es otro que el de imponer por vía legislativa, el proyecto de reforma constitucional rechazado por el pueblo venezolano en diciembre de 2.007.
A lo anterior se agrega el hecho de que tanto el texto constitucional, como las leyes recién aprobadas, son interpretadas y aplicadas bajo el esquema de una autoridad que se aparta de las normas y principios de la constitución, como lo es especialmente el de ejecutar expropiaciones que en la práctica no son otra cosa que la confiscación de la propiedad privada, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución y la ley, pues ello solamente es permitido mediante procedimientos administrativos y judiciales especialmente contemplados en las leyes respectivas.
Es realmente preocupante para este gremio observar el atropello que continuamente se viene cometiendo en contra de los productores de predios pequeños y medianos, que de ninguna manera pueden ostentar la calificación de latifundio.
Resulta también inaudito que en muchos casos, pequeños productores del campo son intervenidos y expropiados, sin que se les dé la más mínima oportunidad de ejercer el sagrado derecho a la defensa, pues de manera totalmente arbitraria se procede mediante la utilización de la fuerza pública y del Instituto Nacional de Tierras y hasta del Indepabis, a tomar dichos fundos productivos, para posteriormente dejarlas en abandono , prevaleciendo siempre la destrucción de los instrumentos y cultivos, afectando de ese modo la capacidad productiva del país.
El contenido del proyecto de reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya discutido sin la participación de los organismos y gremios que agrupan a los productores del campo contiene dispositivos, que incluso con anterioridad han sido declarados como inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia y por otra parte también se observa que tiene una orientación de carácter social y político contraria a los principios y normas que garantizan el derecho de propiedad.
De acuerdo con este proyecto, el más mínimo pedazo de tierra productivo o no, puede ser expropiado sin audiencia del afectado y pasado a manos del Estado sin ningún tipo de indemnización, es decir, se consagra la confiscación de las tierras.
La política aplicada al campo no ha traído beneficios para el país, por el contrario, ha sido un factor de perturbación de la paz social, tan necesaria para el desarrollo del país.
Se procede de manera arbitraria a destruir lo que existe, afectando de ese modo la seguridad agroalimentaria de los venezolanos. Por ello, la esta Asamblea de Fedenaga declara su total rechazo a la aprobación de este proyecto de reforma y advierte que el mismo traerá más merma en la producción agroalimentaria, incremento de las importaciones de los productos básicos como lo son especialmente la carne y la leche y sus derivados, productos éstos que también son afectados por el régimen de regulación de precios que obliga a los productores a trabajar bajo pérdida, produciéndose un desequilibrio económico.
Al afectarse gravemente el derecho de propiedad de la tierra, indudablemente se descapitaliza el campo venezolano y se disminuye a su más mínima expresión, la posibilidad del crédito bancario para el desarrollo de nuestra ganadería.
Igualmente los productores agropecuarios denunciamos la presencia de la delincuencia organizada y todos los grupos armados al margen de la ley, promoviendo y ejecutando Vacunas, Extorción y Secuestro asociados a la actividad del tráfico de drogas, lo que genera un flagelo que viene creciendo a un ritmo preocupante y acelerada, enquistándose en nuestra sociedad, como lo es el sicariato, amparados y protegidos por estos grupos delincuenciales, y la pérdida de los valores familiares como célula principal de la sociedad, la polarización y la división social generado por un discurso político incitador de la violencia , la evidente complicidad de funcionarios de cuerpos de seguridad, un sistema de justicia colapsado arcaico y no ajustado a la realidad social venezolana que incentiva la Impunidad, que no permite la inserción del ciudadano generador de bienestar a la sociedad y la tímida acción por parte del Estado y sus Instituciones que evidencia el clima de anarquía y de violencia en la que está sumergida Venezuela.
La inseguridad dejó de ser un problema del sector ganadero para pasar a ser un problema general. Existe un terror general porque en Venezuela no manda el pueblo, manda el hampa.
Por todos los antecedentes antes mencionados no existen garantías para los venezolanos, por lo tanto exhortamos a la colectividad en general a pronunciarse activamente con todos los mecanismos que nos proporcionan la Constitución y las leyes, como la revisión por parte del poder legislativo de esta problemática y exigir el respeto y el derecho a la vida en un ambiente de paz, tranquilidad , armonía y de respeto a los derechos humanos.
A los problemas antes mencionados, se agrega ahora el hecho insólito de la pérdida de alimentos como leche, arroz, margarina, embutidos, pollo, aceite, harina y de toda una gama de productos importados que inexplicablemente se han deteriorado y perdido, al no contarse y preverse con un sistema de almacenamiento y de distribución por parte de los organismos del Estado encargados de su importación, custodia, mantenimiento y distribución para el consumo de la población venezolana. Parece ser cierto que en este caso existe una gravísima responsabilidad de las personas encargadas de éstas importaciones, de su adecuado almacenamiento y conservación y de su eficaz distribución, pues los hechos demuestran que en lugar de su aprovechamiento, ha ocurrido una irremediable pérdida, no solamente desde el punto de vista económico sino incluso desde el punto de vista humano, pues no es posible admitir que mientras el pueblo, en su gran mayoría carece de una alimentación adecuada y asequible, ocurra una cuantiosa pérdida que sobrepasa las 130.000 toneladas de alimentos, según las informaciones publicadas por los diferentes medios que recogen las manifestaciones de los diferentes personeros del gobierno.
No se trata solamente de denunciar y rechazar la política que el actual gobierno aplica al sector productivo, pues entendemos que como gremio estamos obligados a apoyar y respaldar toda rectificación orientada a preservar y desarrollar la producción agropecuaria del país y en este sentido siempre, nuestra Federación ha manifestado y ahora lo reitera una vez más, la disposición a dialogar y participar en todo cuanto el gobierno nacional proponga para que el Estado Venezolano y el sector privado converjan para el desarrollo de políticas encaminadas a disminuir las importaciones y a aumentar la producción en el campo venezolano.
San Cristóbal, 3 de julio de 2010
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