Alimentos y políticas

Sobre alimentos y políticas es mucho el tiempo que a todo gobierno ocupa. En ese sentido la responsabilidad gubernamental de asegurar el abastecimiento y el consumo normativo de alimentos, supone el estímulo a la producción agroalimentaria competitiva y un equilibrio en las importaciones de alimentos de producción deficitaria o no competitiva. También una vigilancia de costos y precios a fin de propender a su mejor mantenimiento en niveles accesibles a la población, evitar la inflación y asegurando el acceso de los más vulnerable a la alimentación normativa.

En cuanto al costo de los alimentos y la alimentación, una premisa fundamental es que no hay comida gratis y todos tienen que pagar. En el caso de Venezuela donde el Estado asume un enorme gasto alimentario sin controles ni evaluaciones, éste además incluye el costo de la malversación en que se incurre, ejemplarizada en el impune caso PDVAL.

En este escenario, desde Roma la FAO informa que los precios elevados de los alimentos y la volatilidad en los mercados de productos básicos se van a mantener. Que es preocupante para la estabilidad económica y la seguridad alimentaria en algunos países en desarrollo, donde la mayoría de los consumidores pobres están en riesgo de malnutrición. Y aunque no cita a Venezuela, la malnutrición de nuestros pobres no requiere mención: está a la vista. Por eso lo que FAO pide a los gobiernos toca al de Venezuela también: mejor información y transparencia de los mercados físicos y financieros, fomento de inversiones que aumenten la productividad, supresión de normativas que distorsionan la producción y el comercio, ayuda a las personas vulnerables a gestionar mejor el riesgo y la incertidumbre.