“El país está siendo nutrido con una diversidad de propuestas provenientes de los sectores políticos y empresariales que adversan las políticas oficiales y que estarían destinadas a la elaboración de las políticas públicas para el sector agroalimentario en un posible gobierno alterno al actual.
Las propuestas parten del juicio que califica de fracaso la gestión del gobierno en materia agroalimentaria, soportado en los criterios de que estamos lejos de tener soberanía alimentaria, y que la seguridad alimentaria depende de la importación más que de la producción nacional, que existe desabastecimiento en rubros estratégicos, que el modelo rentista mono productor sigue reduciendo la oportunidad de crecimiento del sector agroalimentario nacional, que las políticas orientadas a sustituir el modelo económico agrícola han fracasado pues las cooperativas, empresas socialistas y otras organizaciones promovidas por el gobierno no han sido capaces de sostenerse y su eficiencia está comprometida. En el juicio de valor que descalifica a la gestión asignan lugar prominente a la corrupción asociada a la importación y comercialización de alimentos que han protagonizado escándalos de magnitud, la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de la Ley de Tierras con fines políticos, la inseguridad personal asociada a las invasiones y en particular a la presencia activa de grupos irregulares que están actuando no solo en sitios fronterizos sino que han incursionado dentro del territorio nacional llegando hasta zonas del centro sin que la institución armada controle su avance y sus acciones.
Hemos conocido documentos en elaboración promovidos por técnicos y políticos de sectores de oposición que identifican objetivos de la aplicación de políticas públicas en un gobierno que emane del próximo proceso electoral y que favorezca al candidato de la oposición. En ellos se incluye impulsar el crecimiento sostenido de un modelo de desarrollo agrícola sustentable formulado en correspondencia a nuestras ventajas comparativas con selección de rubros ecológica y culturalmente adaptados. El modelo debe propender a satisfacer los requerimientos de alimentos de la población, en términos de suficiencia plena, con una producción nacional que debe alcanzar en plazo perentorio niveles que superen el 70%.
El nuevo modelo agroalimentario habrá de implementarse dentro de un sistema de economía de mercado, con acento social, caracterizado por su sostenibilidad ambiental, la cooperación y la equidad en un marco institucional descentralizado y democrático.
Debemos destacar que en la realización de la Asamblea Anual de FEDENAGA, el pasado viernes 23, participaron 9 de los precandidatos que han expresado disposición de participar en las elecciones primarias promovida por la Mesa de la Unidad Democrática. En general los precandidatos comparten un diagnostico de la situación, destacan que el problema es nacional y le asignan lugar prioritario a la actividad agroalimentaria. Resulta evidente la existencia de una matriz común en donde resalta la necesidad de fortalecer una economía diversificada, de libre mercado, de respeto a la propiedad privada que para el caso de la agricultura significa tenencia de la tierra con títulos puro y simple, y que podría quedar bajo la administración de la instancia municipal.
De la intervención de los precandidatos podemos integrar una apreciación alterna a la orientación que hoy se promueve desde el gobierno. El modelo actual, calificado como comunista, castrista, socialista, se expresa por un cuadro de estancamiento económico y de altísima inflación que debe ser reemplazado por el de libre economía, cambiando la economía rentista.
Se propone la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Agroalimentario para impulsar una transformación profunda de todo el sector, en donde existan reglas de juego claras, que acepte que es indispensable que exista rentabilidad, así como promover el desarrollo tecnológico y que hay que invertir en educación y desarrollo.
La producción nacional deber aumentarse, llegando a exponer que “todo en la mesa debe ser producto nacional”. Ello implica sustituir las políticas actuales de importación que estimulan las economías y agriculturas de otros países.
Evidentes coincidencias fueron identificadas con relación al efecto negativo que determina la inseguridad de bienes y personas, la exigencia para que el gobierno en todas sus instancias desde la presidencia hasta los cuerpos de seguridad y en particular la Fuerza Armada Nacional asuman una posición clara para combatir la existencia de organizaciones irregulares que atentan contra la población y en el sector agrícola en particular. Califican que no habrá seguridad sino acabamos con la impunidad y al respecto emitieron fuertes cuestionamientos al gobierno y sus altos funcionarios.
Fedenaga salió victoriosa en esta convención al lograr la participación significativa de los precandidatos quienes transmitieron conocimiento de la materia dejando buena impresión y el convencimiento que presenciaremos confrontaciones de calidad cuando se consoliden las visiones que hoy día se proponen al país, las cuales debemos evaluar y, decidir qué posición asumir para garantizar el mejor camino para quienes hoy tenemos responsabilidad en la sociedad y lo que es más trascendente, garantizar las mejores condiciones a las próximas generaciones.
Las opiniones y propuestas de los precandidatos deben ser integradas en el documento que promueve la Mesa de la Unidad Democrática e inclusive sería de gran utilidad que la actual gestión se atreva a crear El Consejo Nacional de Desarrollo Agroalimentario con el propósito de transformar el sector.”
Ref. Juan Troconiz. Las propuestas para el sector agropecuario. Panorama Agroalimentario. Editorial. Maracay, 25 de septiembre de 2011.
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