Los venezolanos somos blancos, trigueños o negros, de acuerdo a la genética heredada del cruce de españoles, indios y negros que data desde la Conquista y la Colonia. Independientemente del color de nuestra piel, la Constitución vigente garantiza la igualdad ante la ley. Sin embargo con el cuento de proteger a los "afrodescendientes", el Gobierno a través del Instituto Nacional de Tierras - INTI, viene desarrollando toda una campaña discriminatoria y holofóbica contra los propietarios de fincas, particularmente en el estado Yaracuy, donde inclusive el gobierno de España puede dar fe de todos sus ciudadanos que fueron afectados por el terror agrario y finalmente expropiados.
En el caso de la familia Pasarelli, propietaria legítima del fundo San Antonio, ubicado en el municipio Veroes, recordamos que se encuentra invadido desde julio de 2007 por "afrodescendientes" que organizados en una cooperativa los despojaron a la fuerza de su propiedad con el visto bueno y protección del Gobierno nacional a través del INTI y de la Gobernación del Estado Yaracuy.
Ahora resulta que ordenados los invasores de desalojar por la juez de primera instancia agraria, adscrita al Tribunal Supremo de Justicia, la defensoría agraria del estado Yaracuy, el INTI y el Gobierno Regional, interfieron con la medida alegando que son beneficiarios de la Ley de Tierras y poseen acto de apertura del procedimiento administrativo de declaratoria de permanencia.
Mientras tanto la familia Pasarelli sigue impedida del acceso a su propiedad privada tomada a la fuerza por los invasores, y la producción agropecuaria del fundo San Antonio, se encuentra totalmente paralizada, siendo el destino final incierto como el de las otras 250 fincas han sido invadidas en Yaracuy. Así ¿quién invierte en Yaracuy?
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