El escándalo con motivo del descubrimiento en diversos lugares de contenedores con alimentos importados en estado de descomposición, tiene muchos aspectos que conviene comentar, que afectan a diferentes organismos de la administración pública, ya que es un problema de programación y coordinación y, por supuesto, de eficiencia, de responsabilidad y honestidad en el manejo de los intereses públicos.
No sólo Pdvsa a través de su filial Pdval la empresa matriz venezolana, otrora emblema de eficiencia, sino también el Ministerio de Energía y Minas (que controla a Pdvsa), el Ministerio de la Alimentación, el de Agricultura y Tierras, el de Planificación y Finanzas, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional, la Vicepresidencia de la República (coordinadora administrativa), entre otras dependencias, comparten en este caso responsabilidades que deben ser objeto de sanciones. Sería nefasto que este asunto de tanta monta pasara por debajo de la mesa o fuese confinado al silencio de los archivos.
La importación de alimentos perecederos no es empresa sencilla, sino una que exige experiencia y buen juicio. Colocar al frente de esta actividad a gente inexperta es responsabilidad de Pdvsa, al frente de la cual está el doctor Rafael Ramírez. Importar en exceso de lo que se puede colocar en el mercado y consumir, pone de manifiesto la ausencia de programación y de conocimiento de la materia. La pérdida que implica la descomposición de más de 100.000 toneladas de alimento es doble, por lo menos: pérdida económica, en términos de divisas que son escasas, y pérdida de oportunidad para suministrar alimentos a la población que sufre escasez real y se priva de esos bienes para su subsistencia. ¿Quién o quiénes cargarán con la pérdida? Por supuesto que el común de los venezolanos, no los burócratas enriquecidos que manejan el patrimonio público tan alegremente.
No el Contralor de la República que, teniendo la información del caso desde años anteriores lo que indica persistencia en la grave irregularidad guardó silencio y no actuó como era su deber. No Pdvsa consciente del hecho, aunque tiene que cargar con parte de las pérdidas,lo que implica, una vez más, el común de los venezolanos. La ciudadana Fiscal General declara que no supo del asunto hasta que el escándalo estalló. Tampoco supo de ello la Asamblea Nacional. El entonces ministro de Agricultura y Tierras, Jaua, ocupado en expropiar fincas productivas para reducirlas a la inactividad, no tuvo programa para levantar la producción de alimentos. Entiendo que siempre ha habido y habrá necesidad de importar alimentos, porque ningún país es autárquico en este sentido. Tendremos siempre que importar trigo y otros productos para cuyo cultivo no tenemos aptitudes naturales. Pero podemos y debemos producir suficiente arroz, azúcar, leche, pollo, huevos, carne de res y de cerdo, aceites vegetales excepto de oliva, y no hablemos de café y cacao. Sin embargo, hemos pasado de la agricultura de adentro a la de puertos. Pero hasta los puertos funcionan mal; después de privatizados, los contenedores de productos importados duermen el sueño de los justos en los almacenes de las aduanas, mientras se efectúan los trámites. Se requiere un tiempo normal calculado para despachar la mercancía importada; pero la burocracia de puertos y aduanas lo trastornó todo y la sombra ominosa de la corrupción se cierne sobre todos los procesos. Pdvsa ha cargado con costos que no le corresponden y su desequilibrio financiero obedece, entre otros factores, a la multiplicidad de funciones que se le han encomendado. El Estado se ha extendido demasiado y muy rápidamente sin consolidar sus funciones y actuaciones.
Ref. Domingo Maza Zavala. El drama alimentario. El Nacional. Caracas, 1ro de julio de 2010.
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