Por desgracia, nunca se aplicó un tratamiento adecuado, ni en éste, ni en los gobiernos anteriores -y siempre ha sido así-, desde las administraciones de AD y Copei hasta nuestros días. Todo cuanto se ha hecho, y se hace, parece deliberadamente pensado para estimular la escasez, el monopolio, la corrupción y el contrabando.
En su historial más reciente se registran experiencias como las que se vivieron durante el gobierno de Ron Sandoval, creador de una ratonera instalada en Paramillo, bajo el pomposo nombre de “Orprece”. Allí un tren de burócratas otorgaban “guías” con las que se autorizaba el tránsito de productos hacia San Antonio y Ureña.
Los resultados no pudieron ser peores: desde muy temprano los transportistas y comerciantes se amontonaban en las aquillas de aquel adefesio burocrático, “los vivos” vendían las guías por sumas fabulosas, aumentó el contrabando y se enriquecieron unos cuantos personeros del gobierno, pero el problema jamás se resolvió. En los anaqueles de las bodegas de Cúcuta teníamos que comprar la gente de Ureña y San Antonio, el perolito azul de la afamada “leche popular” subsidiada en Venezuela.
Hoy las cosas no son diferentes: con los mismos argumentos se creó una “comisión” igualita a “Orprece”, idéntico modo de operar y resultados parecidos. Mientras se repite la película, las familias de este eje fronterizo volvemos a sufrir los embates de la especulación. Aquí un litro de aceite en las bodegas vale cuatro veces más que en San Cristóbal. Sucede igual con la harina Pan, los huevos y el resto de productos de la canasta familiar, cuya existencia es limitada porque se traslada a Cúcuta, muy a pesar de las severas restricciones que se imponen para el ingreso de la oferta de Mercal a la zona.
Se coarta el tránsito e ingreso a los productos de la dieta alimentaria, destinados a las familias indefensas de Ureña y San Antonio, lesionando así prerrogativas fundamentales, inherentes a los derechos que consagra nuestra Carta Magna; la escasez, el monopolio y la especulación se adueñan de la escena, cunde el desaliento, y el caos estremece la maltrecha economía doméstica.
El alto gobierno está obligado a reflexionar sobre este cuadro de delicadeza extrema, porque aquí somos actores sociales de carne y hueso, garantes verdaderos de la inseguridad territorial en la frontera. Dejar al garete - y en los contubernios de la puja comercial - la dieta de estos conglomerados, es abrirle un flanco de riesgos a la soberanía, es quebrar la voluntad de la gente y es, en resumen, aumentar nuestra dependencia agroalimentaria de los santanderes neogranadinos, donde antes fuimos a comprar tarros de “la leche popular” subsidiada en Venezuela y ahora, igualito, vamos por una lista más larga de productos nacionales sometidos al control de precio, y llevados a Colombia por las rutas subterráneas del comercio ilícito.
Es tiempo de detener este absurdo de tan terribles consecuencias para la población. Junto a los controles apegados al acatamiento del Estado de Derecho para minimizar la evasión de bienes, es imprescindible establecer en la frontera un régimen de excepción, severo y permanente, preparado para combatir la especulación y el acaparamiento, devolviéndole la seguridad, la confianza, y sobre todo, la comida a las familias de Ureña y el resto de municipios fronterizos.”
NdE. Miguel Oswaldo Perozo R., Cronista de la ciudad de Ureña, estado Táchira, publicó este artículo en el prestigioso diario La Nación de San Cristóbal, el sábado 19 de enero de 2008, poco antes de la militarización de la frontera. Por el interés de su contenido y gracias a la amable y expresa autorización obtenida del señor Perozo, reproducimos hoy el artículo para los lectores de Notas Agropecuarias Venezuela.
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