Sin ambages, en lenguaje claro y raspado que todos entendemos, habló el presidente de Conindustria, Eduardo Gómez Sigala en torno a las nuevos decretos-leyes inconsultos e inconstitucionales que acaban con la iniciativa privada en Venezuela en abierto desafío al mandato popular del 2 de diciembre de 2007 que rechazó la propuesta oficial de reforma constitucional comunista que ahora cuelan mediante decretos-leyes fraguados en la oscuridad en la intención de comunizar el país que nunca por las buenas lo aceptará. Leamos: "Hemos convocado esta rueda de prensa, con la finalidad de fijar posición con respecto a los 26 decretos-ley, impuestos por el Ejecutivo Nacional bajo el amparo de una Ley Habilitante y sin tomar en cuenta, las opiniones de todos los sectores de la vida nacional que estamos afectados por dichos instrumentos legislativos. En primer término, quiero señalar que la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) suscribe plenamente la posición asumida la semana pasada por la directiva de Fedecámaras, que preside el señor José Manuel González, y que considera que estas leyes no son otra cosa que “un fraude a la democracia” nacional y, por tanto, es una gran burla a ese pueblo, a ese soberano, que acudió masivamente a votar el pasado 2 de diciembre en contra de la Reforma Constitucional planteada por el Presidente de la República, y que ahora se le presenta por vía Habilitante.
Los industriales venezolanos consideramos que estos 26 decretos-ley, cada uno más perjudicial que el otro, son una afrenta a una población que votó en contra de la imposición de un sistema socialista-comunista que, entre otras cosas, pretendía acabar con la propiedad privada y le daba la espalda a la democracia representativa y alternativa. Conindustria ha venido alertando reiterada, y algunos considerarán que hasta cansonamente, que el Gobierno ha venido tendiendo un cerco sobre la actividad productiva en el país, a través de controles de precios y de cambio, regulaciones y normativas laborales, nuevas leyes y reglamentos, más impuestos y demás acciones que sólo han llevado a que en los últimos diez años, el sector industrial se haya reducido en 40% y no vea posibilidades de crecer en el corto y mediano plazo debido al ambiente negativo que rodea a las empresas. Pues, lo que estamos viendo ahora no es otra cosa que el cierre del cerco.
El Ejecutivo está tratando de darnos una estocada final, de estrangularnos al establecer una serie de instrumentos legales que sólo servirán para acabar con la inversión que aun existe. Con esto se quiere acabar la vigencia de la propiedad privada, pues por una decisión del Jefe de Estado cualquier persona que tenga cualquier pertenencia en este país, puede ser despojada sin derecho a pataleo, como se dice en buen venezolano.
No voy a referirme en detalle a los 26 decretos-ley porque ya ustedes han escuchado a los diferentes sectores. Sólo me voy a concentrar en algunos ejemplos de lo que podría sucederle al sector productivo, económico, y por tanto, al consumidor en general. Por ejemplo, tenemos que una de las más nocivas –y así lo han expresado otros sectores empresariales en su momento- es la Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, en la cual prevalecen los castigos y sanciones de todo tipo para las empresas.
Se establecen multas severas, cierre definitivo de las empresas, decomiso de la mercancía, prisión de entre 6 y 10 años para acaparadores y especuladores, suspensión de permisos, revocatorias de licencias para operar, tasas, la obligatoriedad de procesar guías de movilización de productos, y lo peor de todo, es que permite al Gobierno expropiar empresas y propiedades sin participación de tribunal alguno. Esto significa que si usted tiene un negocio para hacer arepas y compra harina de maíz suficiente para cubrir las ventas que usted espera y su vecino no lo hace, porque no cree en su negocio o simplemente no está acostumbrado a planificar; el día de mañana, ese vecino que se encuentra sin inventario puede venir a quitarle el producto a quien sí invirtió y tomó las previsiones.
Otro ejemplo es la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria, que al declarar de utilidad pública y social la actividad del sector alimentos, le da potestad al Estado para asumir el control de las empresas sin que exista la posibilidad de ningún tipo de mediación ni pago a sus propietarios. Igualmente esta ley establecerá controles a toda la cadena de comercialización, desde el productor al detallista, y decide cómo serán distribuidos los productos, en especial los alimentos, por regiones, de acuerdo con las pautas establecidas supuestamente por los Consejos Comunales.
El mensaje para los empresarios es “olvídense de construir cadenas de comercialización y de distribución que garanticen que los productos lleguen a todo el territorio nacional, porque el Gobierno se encargará de decidir a dónde y cuándo deben ser llevadas las mercancías”- Se ha dicho y lo reiteramos una vez más que, gracias a este paquete de leyes, dentro de poco el Ejecutivo Nacional decidirá qué vamos a comprar, dónde y en qué cantidades.
Igualmente, tomará las mismas acciones en otras áreas del quehacer humano como quiere hacerlo con la educación de nuestros hijos a través de la imposición de programas de carácter ideologizante y estableciendo controles de precios a los colegios privados. Asimismo, lo hará con el turismo, la salud, las telecomunicaciones, vivienda, y demás sectores.
Conindustria considera que bajo estas nuevas leyes, la industria nacional pierde la autonomía necesaria para seguir funcionando. Se llega al extremo de la inseguridad jurídica. Por tanto, habrá menos inversión, menos empleos, más problemas de escasez y más inflación. Por eso queremos advertir que cuando pase este proceso de elecciones regionales, veremos las consecuencias de la desinversión debido a medidas que sólo atentan contra el desarrollo productivo.
Ya hemos visto cómo hasta julio se reporta en el país una inflación de 17,3%, obligando nuevamente a revisar las proyecciones oficiales para cierre de año, sin contar con que la inflación anualizada de alimentos llegó a 50%. El gobierno dice estar dispuesto a “tolerar” hasta un 30% de inflación para este año; lo que no sabemos es si la población también está dispuesta a “tolerar” más inflación acompañada de más desabastecimiento y desempleo. Mientras menos empresas tengamos, más inflación y escasez habrá. El gobierno, una vez más, no sólo le ha dado un portazo en la cara al empresariado venezolano empeñado en producir e invertir en el país, sino también a la de millones de venezolanos que pensaron que tenían posibilidad de decidir a través del voto.
Sin embargo, hacemos un llamado a la población para que el 23 de noviembre salga a votar, porque así no sólo estaremos eligiendo gobernadores y alcaldes, sino estaremos reafirmando el proceso de descentralización, rechazando nuevamente este modelo que se nos está imponiendo de contrabando y reforzando el deseo de los venezolanos de vivir en libertad y en un país de propietarios. Queremos reiterar también que quienes están pensando que se puede convivir con este modelo, están equivocados.
Hoy el ministro de la Alimentación está anunciando ajuste de precios en algunos rubros y por supuesto, habrá quienes celebren esta decisión. Pero es bueno recordar que estas medidas sólo servirán para paliar la crisis en muy corto plazo, pero los problemas que han llevado a la desaparición de productos de los anaqueles se mantendrán y se profundizarán cada vez más. Los ministros han hablado de dar prioridad a la producción nacional. Lo que no sabemos es cómo se puede hablar de producción nacional cuando se está eliminando la confianza en la vigencia de la propiedad privada, en la libertad de poder escoger la actividad económica de su preferencia y de acceder a los mecanismos de libre mercado para garantizar el acceso a los productos en las mejores condiciones.
Aquí ya no hay condiciones para invertir. No puede haber producción nacional tampoco cuando se estimula desde las filas oficiales, la creación y proliferación de sindicatos llamados socialistas que están generando cada vez más un clima de conflictividad laboral que está causando la paralización de una cantidad de empresas, como es el caso del sector automotor, de las cuales ustedes han venido reportando para sus diferentes medios. Por todo esto, nos vemos obligados a decir que el cerco, definitivamente, se cerró sobre las empresas."
Ref. Posición Oficial del sector manufacturero venezolano con respecto al paquete de 26 decretos-ley impuestos a través de la Ley Habilitante. Caracas, 12/08/08
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