En el caso PDVAL la justicia sigue pendiente

El 25 de enero de 2008, publicamos la nota¨De Mercal a PDVAL ojo con la corrupción¨. En ella señalamos que la incorporación de PDVSA en la compra y distribución oficial de alimentos subsidiados ofrecía más de los mismos errores de Mercal que dejaron desabastecida volcándose los consumidores sociales a la cadena comercial que no podía suplirlos. Y advertimos: “Con menos controles administrativos en PDVAL que los que tiene Mercal, el Gobierno debe tener presente que la corrupción no es un fantasma sino hechos reales que suceden cometidos por funcionarios de carne y hueso, de todos los rangos y jerarquías, solos o en complicidad. Para eso existe eso que llaman Contraloría”.

Catorce días más tarde, el 8 de febrero de 2008 se aprobó la asignación de US$ 1.950 millones para continuar llevando a cabo el Plan Estratégico de Emergencia para Abastecimiento de Alimentos dentro del Territorio Nacional, además de US$ 250 millones, inicialmente asignados, que serían designados para la compra de vehículos especiales para el transporte de alimentos, siendo que el total de los recursos financieros aprobados ascendieron a la cantidad de US$ 2.200 millones. La empresa estatal Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A., (PDVAL), filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), fue la encargada de ejecutar el Plan.

En 2010 tras descubrirse los varios miles de contenedores con alimentos importados por PDVAL podridos y vencidos, una extraordinaria y descarada operación de encubrimiento se puso en marcha hasta la desaparición física de todos los miles de contenedores de alimentos podridos y vencidos que servían de evidencia y como causa de crítica pública. Ante el escándalo, el costo político fue demasiado alto lo que el Gobierno no estuvo dispuesto a pagar. La desinformación y el mutismo oficial sobre el caso PDVALse puso también en marcha tratando de no darle relevancia.

Sin embargo la gran presión de la opinión pública condujo entonces la detención de tres directivos de PDVALque fueron formalmente imputados y llevados a juicio por la presunta comisión de los delitos tipificados en los artículos 53 y 139 de la Ley Contra la Corrupción y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Con esos tres funcionarios detenidos y enjuiciados, el Gobierno no se dio más por aludido y en cierta forma el encubrimiento le fue exitoso. El pesado telón del teatro del escándalo se cerró, ocultando los varios entes oficiales y los cientos de personas que presumiblemente envolvería tamaña corrupción.

De los varios miles de contenedores de alimentos podridos y vencidos, solo se cuentan 1.196 contenedores en el juicio cuya causa, sorpresivamente este enero 2011 trascendió, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de avocamiento del 16 de diciembre de 2010, ordenó reponer “al estado de que un Tribunal de Control distinto al que conoció cumpla con los lapsos recursivos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para su posterior remisión a un Tribunal de Juicio distinto al que conoció, asegurándole a las partes todos sus derechos y garantías constitucionales. “

Como vemos este enero 2011, nos equivocamos asumiendo que la corrupción en PDVAL surgiría y acabaría del mismo modo que en Mercal, donde los alimentos subsidiados en sus bodegas y mercaditos terminaron siendo desviados y revendidos en el mercado informal a precios de especulación. En el caso de los alimentos importados podridos y vencidos en PDVAL, nunca salieron de los puertos y de las almacenadoras, hasta que se descubrieron y entonces se desaparecieron, reprocesaron, incineraron, enterraron, desviaron y hasta vendieron a terceros según las muchas noticias de prensa pero sin ningún informe público oficial resumido menos detallado. En cuanto a acabar la corrupción en PDVAL, los acontecimientos indican que podría seguir impune allí, pues responsables no serían todos los que están implicados ni estarían todos los que son. Además la gigantesca operación de encubrimiento y la desaparición perpetrada de los contenedores de alimentos podridos y vencidos de PDVAL, podrían calificar como hechos aún más delictivos, por lo que tarde o temprano el Estado deberá investigar y aclarar este delicado asunto de interés nacional hasta su última consecuencia a objeto del establecimiento de las responsabilidades de ley. Para ese entonces, comprobaremos todos los venezolanos, que mientras más elevada la altura del poder que se detenta, la caída de las arpías es siempre estrepitosa. En el caso PDVAL la justicia sigue pendiente.