Durante la Revolución Francesa, El Terror fue un periodo de violencia que duró de 1793 a 1794, caracterizado por la represión ciudadana mediante el terrorismo de Estado. En materia económica El Terror tenía como objetivo garantizar el abastecimiento del régimen revolucionario, del ejército, y de París, para evitar el descontento y una posible insurrección popular. Para la primavera y verano de 1793 dado el deterioro acumulado de la moneda desde 1790, la hambruna y los saqueos se plantaban amenazante. La Convención establece entonces el control de precios y se aplica la pena de muerte contra los acaparadores. El control llega hasta la fijación de un solo tipo de pan, la requisa del trigo, de la harina y las harinera. Se guillotina a muchos panaderos. También se prohibe el movimiento de capitales, se cierra la Bolsa. El 29 de septiembre de 1793, se aprueba la Ley del Máximo General fijando el precio máximo de los productos básicos y se fijan otras medidas. Se tasan los precios de los granos, se confiscan y reparten las tierras entre los revolucionarios, se persigue a los banqueros, se requisan las propiedades, se emiten nuevos y grandes endeudamientos. Finalmente en 1793, se organiza el Terror financiero para frenar la ya indetenible inflación, disparada por el control de precios, la escasez, el acaparamiento y la especulación. El 9 de Thermidor (27 de julio de 1794), después de más de 10.000 guillotinados, rueda también la cabeza de Maximiliano Robespierre, el Incorruptible, presidente y dictador del Comité de Salvación Pública. Termina así el Reinado del Terror al que seguiría El Directorio desde 1795 hasta el 9 de noviembre de 1799, (18 de Brumario) cuando Napolén Bonaparte da un golpe de Estado e instala el Consulado. Finalizan así en Francias los 10 años de Revolución iniciada con los Estados Generales y la Toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789.
Como vemos, no son nada nuevos los controles de precios ni el terror económico del Estado. Tampoco traen nada bueno a las naciones. Guardando el tiempo y las circunstancias, en Venezuela este julio de 2011, la promulgación presidencial por Ley Habilitante del decreto Ley de Precios y Costos "Justos", es otro gran desacierto político, social y económico de un gobierno terminal dirigido por un presidente enfermo a casi un año de finalizar su período constitucional. Lejos de controlar la inflación, promoverá aún más la menor producción y la escasez, y con ellas el acaparamiento y la especulación. Ciertamente, nada nueva ni buena es la fulana Ley de Costos y Precios "Justos" cuyos terribles resultados, ya antes de publicarse en Gaceta se conocen.
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